Una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca salvó al Estado de pagar cerca de 60 billones de pesos por una demanda que presentaron los afectados del Upac, la cual buscaba obtener una indemnización del Banco de la República.
Cerca de 8500 ahorradores, que se declararon víctimas, presentaron una acción de grupo para obtener una indemnización por el incremento desbordado de los créditos hipotecarios a finales de la década del 90.
Dicho incremento se dio porque el Banco de la República determinó que el Upac debía calcularse con el aumento de las tasas de interés y no sobre la base del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Esto ocasionó cuantiosas pérdidas a quienes habían adquirido una vivienda con Upac porque las obligaciones contraídas con las corporaciones de ahorro y vivienda se dispararon, al punto que muchos perdieron sus casas.
Sin embargo, en el 2013 la Corte Constitucional negó cualquier responsabilidad patrimonial del banco, pronunciamiento que fue acogido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones.
“Se reitera que ha sido la propia Corte Constitucional inicialmente, y luego el legislador, quien ha determinado la forma de reparación del daño, razón por la cual no existe suma alguna de dinero que deba indemnizar el Banco de la República”, indica la sentencia del Tribunal.
Tomado de: Periodismo Publico
