Este proyecto beneficia entre siete y ocho millones de personas para que puedan volver a acceder a un crédito formal.
¿Pero, qué establece la norma?
Si el titular del crédito se pone al día con las cuotas atrasadas, la obligación la obligación ya está caducada o si logra un acuerdo de pago con la entidad financiera, solo debe esperar que se cumplan los plazos de la amnistía para que las centrales de riesgo eliminen el reporte.
Los principales beneficiarios de la ley son los jóvenes y mujeres rurales, estudiantes con crédito en el Icetex y víctimas del conflicto armado, ya que saldrán de manera inmediata del reporte una vez hayan salido de las deudas; es decir no deberán esperar un semestre.
Por otro lado, las personas que tengan deudas inferiores al 15% del salario mínimo, en este caso menos de $136.279 recibirán comunicaciones antes de ser reportadas de manera negativa con 20 días de diferencia entre uno y otro llamado.
También se prohibirá la consulta en centrales de riesgo para otorgar un empleo, excepto para empleos del sector financiero.
Es importante resaltar que se protegerá a las víctimas de suplantación personal, pues con sola la comunicación y presentando mínimo la copia de la denuncia penal del fraude, la entidad financiera deberá eliminar inmediatamente el reporte negativo, dejando por escrito que la persona fue víctima de falsedad personal.
Las centrales de riesgo tendrán que crear una aplicación digital y gratuita de acceso público a todos los titulares de datos, donde se generen alertas al momento de adquirir nuevas obligaciones, esto con el fin de mitigar el riesgo de suplantaciones.
En caso de que la persona quiera otorgar un producto o un crédito, las entidades financieras no pueden usar el historial crediticio, deberán considerar otros factores en el estudio de riesgo.
Información de: ecos políticos.
