En desarrollo de la sesión ordinaria de la Comisión Regional de Moralización Bogotá-Cundinamarca, CRMBC, del mes de marzo, la cual se llevó a cabo de manera virtual el pasado viernes, se aprobó realizar un seguimiento tanto de los aspectos del tratamiento humanitarios como de la gestión y la ejecución presupuestal. Para ello miembros de la comisión, en sus competencias, requerirá al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y a las entidades territoriales un informe detallado de la situación que viven estos centros de reclusión.
La CRMBC, también expresó su preocupación por los brotes de especulación que se han denunciado en los diferentes municipios derivados de las medidas de cuarentena que vive el país, y se sumó a la campaña de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, para instar a los alcaldes en el cumplimiento a cabalidad del estatuto del consumidor, deber legal de las autoridades locales.
De la misma forma, el contralor de Cundinamarca; Edgard Sierra Cardozo, instó a las administraciones municipales y departamentales para que en el menor tiempo posible cumplan con la obligación de remitir a la entidad de control departamental los decretos de urgencia manifiesta y sus respectivos contratos, para el análisis que impone la normativa y que la Contraloría General de la República, en circular, recordó este deber legal.
Tomado de: Sala de prensa – Contraloría de Cundinamarca
