Los concejales de la Alianza Verde, con el respaldo de la alcaldesa Claudia López, radicarán un proyecto de acuerdo para desincentivar las prácticas taurinas y contribuir a subsanar el déficit normativo de protección animal que identificó la Corte Constitucional en su sentencia C-666 de 2010.
La iniciativa, de autoría de la concejal animalista Andrea Padilla, plantea las siguientes medidas: El organizador de cualquier evento taurino deberá reservar el 40% del espacio de la publicidad del evento para informar del sufrimiento animal que conllevan las corridas de toros y novilladas.
Las fechas autorizadas no podrán ser más de tres domingos entre enero y febrero y uno en agosto. Se prohíben el consumo y la venta de bebidas embriagantes en la plaza de la Santamaría.
La tarifa aplicable a los espectáculos taurinos aumentará del 10% al 20% sobre la base gravable correspondiente. Todos los gastos de operación de los eventos taurinos, incluyendo el personal de policía, deberán ser asumidos en su totalidad por los organizadores.
Además, su artículo 3º establece que “la realización de las prácticas taurinas permitidas exigirá la eliminación de todos los instrumentos que laceren, corten, mutilen, hieran, quemen o lastimen en cualquier forma a los animales, o les den muerte”. Es decir, plantea la eliminación del uso de banderillas, pica y estoque.
Los concejales verdes están optimistas frente a la propuesta, dado que varios colegas de distintos partidos han manifestado su respaldo a esta y a otras iniciativas de protección animal. De hecho, el concejal Carlos Fernando Galán, siendo senador, presentó un proyecto de ley con un espíritu similar.
En los próximos días, la alcaldesa y su secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, se reunirán con colectivos y organizaciones defensoras de animales de Bogotá para definir las actividades que desarrollarán durante la “Temporada taurina 2020” que dejó adjudicada el alcalde saliente Enrique Peñalosa. Según Padilla, “el propósito de este encuentro será, no solo definir los mecanismos para garantizar la legítima protesta ciudadana, sino contrarrestar, aunque sea de manera simbólica, el sufrimiento que se les causará a seres sintientes y la pérdida de vidas que, injustamente, les serán arrebatadas”.
Tomado de: Sala de prensa – Concejo de Bogotá
