Más de $18.000 millones destinados a diferentes programas que benefician a las víctimas del conflicto armado en 2017 es el balance inicial del último Comité Territorial de Justicia Transicional (CTJT) del año, en donde fueron presentados algunos avances de la implementación de la política pública de víctimas durante el 2017 en Cundinamarca.
Como parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a la población Víctima (Snariv), el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), a través del programa “Familias en Acción”, logró una inversión superior a los $11.400 millones, que benefició con estrategias de empleo y emprendimiento a más de 18 mil familias del departamento.
Por su parte, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), del Gobierno Nacional, puso en marcha los Centros Regionales de Atención a Víctimas en los municipios de La Palma, Viotá y Soacha, con una inversión conjunta -Nación, departamento y municipios- de más de $7.300 millones.
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) ha atendido el 88% de las 3.105 solicitudes recibidas, de las cuales 84 corresponden a los municipios de La Palma, San Juan de Rioseco, Viotá, Yacopí, Arbeláez, El Peñón y Pacho; además 315 hectáreas cuentan con orden de restitución en Cundinamarca, lo que favorece a 494 personas.
El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) resaltó sus programas de formación, en los cuales se ha garantizado el acceso preferente para la población víctima, incluyendo a cerca de 400 personas entre jóvenes y adultos. Además adelantó procesos de intermediación laboral y desarrollo productivo, gracias a la formulación de 30 planes de negocio.
Fuente: Secretaria de prensa y comunicaciones de Cundinamarca
