Los hechos se relacionan puntualmente con el contrato por $19.000 millones, celebrado durante la administración de Guillermo Varela, que tenía como fin la construcción de una planta de procesamiento de aguas residuales (PTAR) y su puesta en funcionamiento. Con la obra, de cierta forma, la alcaldía buscaba cumplir el fallo del Consejo de Estado, que ordena la descontaminación del río Bogotá.
Las posibles irregularidades se evidenciaron incluso antes de firmar el contrato. El dinero para financiar el proyecto lo adquirió el municipio a través de un crédito con una entidad financiera, mediante un arrendamiento con opción de compra, modalidad poco usual, según los investigadores, por tratarse de una obra que se iba a construir en terrenos del Estado.
Varela firmó el contrato para adelantar la obra el 18 de noviembre de 2015 (a 43 días de finalizar su mandato) con Gehs Global Environment and Health Solutions de Colombia, el cual se habría sido ajustado de tal manera, que violó las normas contenidas en la Ley 80 de 1993. En agosto de 2018 la Contraloría formuló pliego de cargos, al descubrir que la administración le hizo a la empresa un anticipo de casi el 90% ($17.000 millones), algo que está prohibido en las normas de contratación, pues no se tenía certeza de que se fueran a cumplir los trabajos.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, dicho anticipo se pagó en dólares (US$ 5,4 millones) y se consignó a una cuenta bancaria en Miami, Florida (Estados Unidos), que pertenecía a una empresa diferente a la que firmó el contrato. Al final, tras labores de inspección, el CTI de la Fiscalía pudo probar que no se construyó la obra contratada.
Es por esta razón que la Fiscalía embargó 11 bienes avaluados en casi $11.000 millones, a Guillermo Varela Romero. Según el ente acusador, los inmuebles y establecimientos de comercio, ubicados en zonas exclusivas de Bogotá, Cajicá, Chía, Fúquene y Nemocón, al parecer, fueron adquiridos con dineros producto de aparentes actos de corrupción.
Por este caso, al exalcalde Guillermo Varela Romero tendrá que responder en juicio por los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros. Junto a él también estarán en juicio Rafael Antonio Ballesteros Gómez, exsecretario de Obras Públicas de Chía, y el contratista Ricardo Gailer Garcés, quienes responderán por los mismos delitos.
Tomado de: El Espectador
