El pasado martes 6 de enero el gobierno expidió el protocolo de acciones para la fuerza pública en medio de protestas y marchas a su vez verifico los elementos de dotación de los mismos.
Después de que se determinó en septiembre del 2020 un cambio necesario para actuar en las protestas, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia efectuó un protocolo llamado “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica” la cual establece que la fuerza pública debe privilegiar el diálogo y la mediación en el desarrollo de las manifestaciones públicas, aclara que el gobernador y el alcalde son las primeras autoridades de policía en el departamento y el municipio, respectivamente, con respecto al uso de la fuerza informa que será el último recurso físico para proteger la vida e integridad física de las personas, incluida la de los policías, sin mandamiento previo y escrito, para prevenir, impedir o superar la amenaza o perturbación de la convivencia y la seguridad pública, el Esmad será la última instancia de control a la violencia.
“El personal uniformado de la Policía Nacional que intervenga en manifestaciones públicas y pacíficas no podrá hacer uso de armas de fuego en la prestación del citado servicio”, se lee en el documento.
Tomado de: El Tiempo
Editado por. Nickole Gomez
