“Después de muchos años siento que la tierra donde viví durante toda mi vida vuelve a ser mía. Con los beneficios que me trae la sentencia, quiero levantar mi finca y ponerla a trabajar con caña”, afirmó Antonio.
“Esta sentencia, que se suma a las 87 adicionales que han sido promulgadas por jueces de restitución de tierras en el departamento, evidencian el interés de la URT en cabeza del Gobierno por garantizar los derechos a las víctimas del conflicto armado. Con esta política estamos generando desarrollo y dignificación a las comunidades retornadas”, aseguró Fabián Oyaga Martínez, director de la URT en Cundinamarca y Boyacá.
Dentro de las órdenes de esta decisión judicial, la URT cumplirá con la implementación de proyectos productivos basados en caña, piscicultura y cerdos, con los que se busca brindar garantías a la familia beneficiada, a través del fortalecimiento de su economía. De igual manera, otras órdenes están dirigidas al Icetex para la priorización en los créditos estudiantiles de cinco de sus hijos; y al Banco Agrario para la inclusión de la familia beneficiaria en los programas ofertados.
Entre los hechos sufridos se encuentran el asesinato de sus dos hijos a manos de la guerrilla; el reclutamiento de otro de sus hijos por parte de las Farc; el asesinato de dos hermanos del solicitante y la amenaza constante del cual eran objeto, con la presencia de grupos armados y los enfrentamientos sucedidos en la región.
Fuente: Oficina de comunicaciones – Unidad de Restitución de Tierras
