Se ordenó trasladar copias para que se evalúe disciplinariamente la actuación del diputado Juan Carlos Coy, por presuntamente promover el proyecto Ciudadela Campestre Chauta.
Por presuntas irregularidades en la gestión y ejecución del proyecto Ciudadela Campestre Chauta, para la construcción de 900 viviendas unifamiliares en un terreno con destinación agropecuaria que no contaba con servicios públicos, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al entonces secretario de Desarrollo Urbanístico, Vivienda y Ordenamiento Territorial de Madrid, Cundinamarca, Jorge Eliécer Ortiz Velásquez.
De acuerdo con un comunicado del organismo, con la investigación se busca determinar “si con la expedición de las resoluciones 224 y 335 de 2014 y 134 de 2015 se habría incurrido en irregularidades en los conceptos, licencias urbanísticas para la subdivisión de predios, autorizaciones y procedimientos, para la puesta en marcha de la urbanización, que sería desarrollada por la Asociación de Vivienda Unidos por Madrid – Asvimadrid-, a la que se habrían asociado 900 personas, tras el pago de $5 millones de pesos por derecho a un lote de 72 metros cuadrados, lo que representó un recaudo de $45.000 millones de pesos”.
Por estos hechos, el Ministerio Público busca determinar si el funcionario ocurrió en una falla disciplinaria al otorgar permiso de construcción en zona rural del municipio de Madrid, sin prever la inviabilidad de la prestación de servicios públicos, por el carácter agropecuario de los terrenos donde se pretendía realizar el proyecto.
“En la decisión se ordenó el traslado de copias para que se evalúe disciplinariamente la actuación del diputado de la Asamblea de Cundinamarca, Juan Carlos Coy, por presuntamente promover el proyecto de la ciudadela campestre, y de funcionarios de la Dirección de Personas Jurídicas de la Secretaría Jurídica de la Gobernación de Cundinamarca, quienes por acción u omisión no habrían hecho el seguimiento debido a Asvimadrid, disuelta por vencimiento del término de duración desde el 11 de noviembre de 2017, sin que se hubiera liquidado ni rendido informe sobre los $45.000 millones que aportaron sus 900 asociados”, dice la Procuraduría.
Finalmente, se envió copia de esta apertura disciplinaria a la Fiscalía General de la Nación para que determine si tiene incidencia penal la actuación y el recaudo de los $45.000 millones que hizo Asvimadrid -, para un proyecto de vivienda que no contaba con servicios públicos. Con información de prensa Procuraduría General.
Tomada por: Fuente de información y texto Blu Radio
