En el desarrollo de una auditoría de control excepcional, la Contraloría General de la República llamó la atención por la contratación en dos ocasiones de los estudios de impacto ambiental y social en el proyecto de la primera línea del metro para Bogotá.
De acuerdo con el ente de control -que realizó la autoría al proceso realizado desde 2014, por solicitud de la administración del alcalde Enrique Peñalosa- aunque el contrato de consultoría 02 de 2017 incluía los componentes ambiental y social, y fue “recibido, aprobado y cancelado”, la empresa Metro de Bogotá realizó una adición al convenio interadministrativo 1880 de 2014 con el mismo fin: realizar un estudio de impacto ambiental y social. Dicho convenio fue suscrito entre el IDU y el Fondo de Desarrollo Nacional, FDN.
Y si bien para la Contraloría esta adición permitió garantizar el cumplimiento de las salvaguardas y estándares de la banca multilateral, lo que derivó efectivamente en la aprobación de los estudios y diseños a nivel de factibilidad, esa situación, en opinión de la CGR, puede generar un presunto detrimento patrimonial.
“Con la respuesta de la entidad se ratifica que con la adición del convenio 1880 de 2014 y contrato 02 de 2017 (…), se configura una presunta gestión antieconómica, por no ser necesaria ni oportuna la contratación para cumplir con el objeto del contrato, en cuantía por determinar”, señala el organismo de control que además anuncia que da traslado del caso para “el inicio de una indagación preliminar”.
En la auditoría, según el ente de Control, la empresa Metro de Bogotá justificó la adición al convenio en los “exigentes” estándares ambientales y sociales de las entidades multilaterales, y que “de otra manera hubiese sido imposible” contar con dicha financiación.
Esa necesidad, agregó la empresa, se evidenció en noviembre de 2017, en el marco de una misión en la que participaron el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Europeo de Inversión.
La alcaldesa Claudia López dijo ayer que aún no conoce el informe de auditoría y que la gerencia del metro y la comisión de vigilancia lo van a analizar y se tomarán los correctivos a que haya lugar. EL TIEMPO solicitó a la empresa Metro una respuesta sobre los hallazgos de la auditoría, pero al cierre de esta edición no había sido posible obtenerla.
La auditoría del ente de control también encontró inconsistencias frente a las obras y maquinaria complementaria en el contrato de concesión y operación del metro.
Según el organismo de control fiscal, en el contrato con el consorcio chino no quedó claro de dónde van a salir recursos para el pago de esas obras o con cargo a qué presupuesto y cómo se van a pagar.
Al respecto, la Contraloría aclara que la empresa Metro argumentó que era imposible determinar esas obras al momento de la suscripción del contrato.
El otro punto que preocupa al organismo de control es el de la distribución tanto para el Estado como para el contratista de los ingresos que se generen por la explotación comercial del proyecto, es decir, con las áreas comerciales anexas a algunas estaciones. La empresa estableció una distribución de 60 por ciento para el Estado y 40 para el contratista.
No obstante, la auditoría señala que esa distribución no se hizo con base en estudios rigurosos, sino sobre sobre estimaciones y tomando como ejemplos la concesión del aeropuerto El Dorado de Bogotá y casos similares en otros países.
“Frente a estos últimos hallazgos fiscales, la CGR le dijo a EL TIEMPO que la entidad debe adelantar un plan de mejoramiento para superar estas debilidades administrativas”.
Cabe recordar que el POT, instrumento que traza la hoja de ruta para el futuro de la ciudad en los próximos 12 años, fue hundido a principios de noviembre pasado en el Concejo distrital, que votó a favor de la ponencia negativa. Ahora, la administración de Claudia López se propone sacar este año un nuevo POT.
La Contraloría señala que si se realizan modificaciones sustanciales al nuevo POT se podría estar afectando el trazado de la primera línea del metro y con ello se estaría generando un riesgo para el proceso de adquisición de inmuebles. No obstante, según la Contraloría, el IDU explicó que las compras de predios han sido sobre aquellos que están en el espacio público.
El contrato de construcción y operación de la primera línea del metro se adjudicó a mediados de octubre pasado a un grupo de compañías chinas, integrado por las empresas China Harbour Engineering Company Limited y Xi’An Rail Transportation Group Company Limited.
Tomado de: Diario El Tiempo
